sábado, 9 de abril de 2011

El Milagro Chino



El espectacular crecimiento económico de China durante las últimas décadas (1978-2006)

Las altas tasas de crecimiento económico de China y la creciente presencia de este país en la producción y en el comercio mundial, constantemente llaman la atención de los especialistas y de los gobernantes de otras latitudes; especialmente de aquellos sectores que presagian en esta expansión del gigante asiático una serie de desafíos para sus economías nacionales, e incluso para la hegemonía desplegada sobre el sistema mundial en su conjunto. Ante ello destacamos que el modelo de desarrollo seguido por China desde las reformas económicas de 1978 se fundamenta en el diseño de estrategias y de políticas públicas que reconocen el papel crucial del Estado en el proceso económico.

Si bien durante del modelo de planificación central adoptado durante el “régimen maoísta” (1949-1978) China logró un crecimiento económico medio anual del 4.4 %, el dinamismo de su economía y de sus principales indicadores económicos y de desarrollo social experimentan –desde 1978– un aumento espectacular sin precedentes. Entre 1978 y 2006 el crecimiento del PIB fue de 9.5 % en promedio anual; hacia el año 2005 alcanzó un PIB en términos de paridad del poder adquisitivo (ppa) de casi 6 billones de dólares (segundo lugar mundial solo por detrás de los Estados Unidos) y un PIB per cápita en ppa de 4,900 dólares anuales.  

            La naturaleza de la amplia expansión económica experimentada por China desde 1978 se funda en factores y relaciones causales como las altas jornadas laborales y los bajos salarios que en los últimos años tienden a incrementarse en algunas regiones geográficas, lo cual también supone una mayor cualificación de la fuerza de trabajo y la formación y retorno de cuadros de gerentes en el exterior; la ventajosa inserción en el comercio internacional a través de las crecientes exportaciones, y en el conjunto de la globalización económica; el crecimiento elevado de la inversión extranjera directa en su economía (del 1.5 % como proporción de la inversión nacional que alcanzó entre 1981-1991, llegó al 10.5 % entre los años 2000-2004); la generación de ahorro interno y las elevadas tasas de inversión; la pujanza de la industria de la construcción y la exportación de los servicios relacionados con ella, los cuales aprovechan los bajos precios de los insumos y de la mano de obra; el fomento de la formación profesional incentivando especialmente el talento de la juventud y la vocación empresarial; y el aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas y la inversión creciente en investigación y desarrollo. Estos factores causales intermedios son parcialmente explicados por las políticas públicas adoptadas por el gobierno chino en sus esfuerzos por estructurar un sólido mecanismo de mercado.

Particularmente, entre los factores causales mencionados sobresale el elevado nivel de ahorro interno y la creciente inversión como palancas del crecimiento de la economía china, de tal manera que la abundancia de liquidez respalda la expansión de las empresas. Más aún, los créditos bancarios motivaron el crecimiento de las inversiones productivas. De esta manera, el crecimiento económico de los últimos años en parte se explica por el aumento de las exportaciones y de la inversión en industrias dinámicas; en especial, destaca la conversión de China en una “fábrica global” en torno a la cual se proyectan las empresas transnacionales que desean producir a bajos costos. Esta apertura a la inversión internacional en general, y a la inversión extranjera directa en particular, se realizó sobre la base del aprovechamiento de la mano de obra barata (la productividad tiene un crecimiento mayor que los salarios), el empleo precario y la activa inserción en el mercado externo. Este excedente de mano de obra –sobre todo de aquella que habita el ámbito rural– y su movilización, permiten que los salarios no sean presionados al alza y las empresas nacionales se inserten en la economía mundial a partir de los salarios deprimidos. Además, la amplia clase media que existe en varias de sus regiones ejerce una destacada integración en la economía mundial; situación que se refuerza con la dotación de importantes infraestructuras modernas, una relativa estabilidad macroeconómica y social, una alta creación de empleo, y un aumento de la productividad derivada de la migración campo/ciudad y de la adopción de técnicas novedosas de producción y gestión.

La esencia y los rasgos particulares de las estrategias de desarrollo y de las Políticas Públicas Chinas.

Desde las reformas económicas diseñadas en 1978, las políticas públicas del gobierno chino se caracterizaron por su vocación orientada a la experimentación, la búsqueda del equilibrio y la coherencia, y por el gradualismo en su adopción y ejercicio –sobre todo en el aumento de la relevancia del mercado–, de tal manera que el proceso económico es dirigido y corregido por el Estado y el Plan Económico. Gran parte de sus reformas económicas se ejercieron en pequeña escala y, en la medida que ofrecieron resultados favorables, se extendieron a otras regiones del país. 

            Para precisar y detallar el sentido de las estrategias de desarrollo adoptadas por el gobierno chino, analíticamente identificamos dos fases desde 1978: una primera –extendida hasta 1992– caracterizada en emprender un proceso de transición hacia una economía regida por el mecanismo de mercado pero controlada –dicha transición– por el sector público y sus instrumentos de planificación; y una segunda fase en la cual predomina –desde 1993– un sistema de economía mixta con una mayor presencia de la empresa privada en el contexto de una mayor inserción en la economía mundial.   
 

La centralidad de la planificación en la transición a la Economía De Mercado (1978-1992).

El proceso de reformas económicas adoptado en China desde 1978 se basa en la limitada expansión económica experimentada entre 1950 y 1978, así como en los cimientos de una industria de corte rural y en el relativo desarrollo de la industria pesada propia de las actividades energéticas, químicas y siderúrgicas, desplegadas en un contexto de inestabilidad política y a partir de estrategias de impulso a la industrialización y de formación de una cierta base de capital humano. Sobre estas bases, las políticas públicas privilegian el crecimiento y el desarrollo económico como objetivos nacionales, y se combina eficientemente el mecanismo del mercado con los instrumentos del sector público.

            En éste contexto, el abandono del sistema de planificación es paulatino. Las reformas económicas –sin estar enmarcadas en un conjunto programático– consideraron inicialmente el aumento de la producción y de la productividad. Bajo ese punto de partida, se privilegió la descentralización económica y financiera.

En un primer momento (diciembre de 1978) se emprende un proceso de erosión sistemática de las colectividades agrícolas, transitando con ello al antiguo régimen de propiedad familiar, así como a la adopción de los llamados contratos de responsabilidad entre las autoridades rurales y las familias.

A la par de estas medidas, en el ámbito industrial se propone un mejoramiento de conjunto bajo la premisa de reivindicar el beneficio como supuesto básico de la gestión empresarial, y de movilizar a la mano de obra a partir de las llamadas primas de productividad. Además, se emprende un gradual proceso de inserción en la economía mundial, sobre todo a través de la participación de aquellas regiones que fueron escrupulosamente seleccionadas.

Entre 1984 y 1989 –a la par de la profundización de las reformas agrícolas–, se perfila la estructuración de un sistema de economía mixta en el que convive la planificación y el mecanismo de mercado. La desregulación de los precios, la descentralización del comercio exterior y la ampliación de la autonomía de las empresas son tres de los pilares fundamentales de este régimen de economía mixta que pretende una planificación indicativa, y la búsqueda de un equilibrio del sistema económico a partir de la regulación macroeconómica. Este sistema de economía mixta se caracterizó en lo fundamental por el establecimiento de dos carriles de precios (Dual-Track System) –uno regido por el plan y otro por el mecanismo de mercado–, lo cual significó una medida gradual en el contexto del proceso de reestructuración económica; sin embargo, aparecieron distorsiones de precios, tendencias inflacionarias y prácticas de corrupción asociadas a dicha medida.

Desde principios de la década de los ochenta comienza a fomentarse la independencia de las empresas respecto al Estado. A las empresas públicas se les concede la posibilidad de retener parte de sus ganancias para financiar nuevas inversiones y para incentivar a los trabajadores mediante el otorgamiento de primas. Las contribuciones directas de estas empresas al presupuesto público se sustituyen por gravámenes progresivos aplicados a las ganancias empresariales, y paralelamente a ello, la empresa pública deja de recibir subsidios y su financiamiento se rige bajo un sistema de crédito bancario que está obligada a pagar incluso con intereses. Además, a las empresas públicas estatales se les concede actuar y desenvolverse al margen del mecanismo de planificación (growing out of the plan), en un primer momento bajo la dirección de los gobiernos locales. Sin embargo, más que privilegiar la privatización de las empresas públicas se emprenden reformas en la esfera de su gestión, e incluso se crean nuevas empresas tanto en la modalidad rural como en la colectiva, y se fomenta la competencia entre ellas.

Con la finalidad de atraer inversiones extranjeras, en 1979 y 1980 se crean las Zonas económicas especiales orientadas a crear mínimas condiciones necesarias para su establecimiento. Se trataba en lo fundamental de limitar la carga fiscal sobre las ganancias, impulsar la remoción de los derechos de aduana, y de crear proceso de desarrollo económico y tecnológico en las regiones seleccionadas. Ello supuso una apertura gradual del régimen de inversión (Naughton, 2007:402-410).

Hacia 1988, con la finalidad de abatir la inflación, el sector público retoma el control de precios; sin embargo, en el marco de un contexto político álgido (los acontecimientos de la plaza de Tiananmen en 1989), las reformas económicas son frenadas por el gobierno central y se presenta una fuerte oposición de las autoridades regionales y locales. Sin embargo, ante el desmoronamiento del bloque soviético el reformismo chino toma fuerza y se asume al desarrollo económico como la única opción viable para el país; pero ahora sin el liderazgo absoluto del sector público, sino sobre la base de un mayor protagonismo del empresariado privado.   
 

La simbiosis entre el Estado y el mecanismo de mercado en el proceso de  desarrollo: La mayor relevancia de la empresa privada en el Modelo De Economía Mixta (a partir de 1993).

Es de destacar que la empresa privada durante la última década gana terreno en el conjunto de la economía china pasando de una nula contribución a la producción empresarial en 1970, a un 54 % en 1998, y a un 63 % en 2003, creando incluso 18 millones de puestos de trabajo entre 1998 y 2003.

Las reformas que apuntan a la llamada “economía socialista de mercado” adoptada desde 1992 se orientaron a profundizar el sistema de precios regido por el mecanismo de la oferta y la demanda; a diversificar las formas de propiedad, reestructurando gran parte de las empresas públicas; a adoptar una serie de reformas institucionales en materia bancaria, fiscal y monetaria; y a intensificar la inserción china en la economía mundial con su ingreso en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001.

En términos generales, esta segunda fase de reformas se caracteriza por impulsar al mercado como el mecanismo central para la asignación de los recursos y por emprender un  relajamiento acentuado –e incluso desaparición– del mecanismo de planificación en manos del Estado; además de procurar la construcción de entramados institucionales y de instrumentos de regulación para conducir un modelo de economía de mercado sui generis. Los pre-requisitos para esta segunda fase de reformas fueron la reunificación del mercado interno, la re-centralización y la austeridad macro-económica.

Un cambio cualitativo y cuantitativo importante se experimentó con la creciente presencia del sector privado en el proceso económico. Como parte de la competencia a la cual se expusieron las empresas públicas y la escasa productividad, sus operaciones en números rojos tendieron a proliferar; y, a pesar de su declive, se mantuvieron a flote gracias a los préstamos concedidos por el sistema bancario público, los subsidios gubernamentales y la limitada participación de los beneficios empresariales en el sistema impositivo. Los activos que tenían amplias posibilidades de valorización fueron cedidos, en el contexto de la búsqueda de independencia de las empresas públicas, a entidades colectivas y privadas. Hacia 1993, tras la necesidad de modernizar el sector empresarial, comienza un amplio proceso de privatizaciones de empresas públicas y de fortalecimiento del sector privado. Las empresas públicas –sobre todo las pequeñas empresas– se transforman en sociedades, se abren al capital privado y participan en procesos de fusión; en tanto que las medianas y grandes corporaciones públicas se asumen como estratégicas y su privatización tiende a ser paulatina. En general, el sector público –desde el inicio de las reformas en 1978– vio erosionado su papel protagónico en el conjunto de la economía china; de tal manera que en la actualidad el crecimiento del sector privado genera el 70% del PIB.

Paralelamente a lo anterior, se experimentó un proceso de recentralización con el retorno de un Estado centralizado en sus funciones fiscales. El gobierno central recupera importantes ingresos fiscales en detrimento de las provincias y los gobiernos locales; situación ésta que se expresa en una mayor dependencia presupuestaria de estos niveles de gobierno respecto al gobierno central.

Sin embargo, en la economía china priva cierta incertidumbre en materia de derechos de propiedad, así como una escasa relación entre el estatuto jurídico y el modo de gestión. Entre las reformas institucionales emprendidas desde 1993 destacan la reestructuración administrativa y de los marcos regulatorios; la reforma del sistema fiscal e impositivo; las reformas profundas al sistema bancario y financiero; y las modificaciones en el gobierno y gestión de las corporaciones a través de la Law Company de 1993.

En esta segunda fase de reformas económicas, la apertura de la economía china respecto a los mercados mundiales es uno de los pilares de sus políticas públicas; de tal manera que con la finalidad de fomentar el crecimiento económico y la recuperación tecnológica, se adoptaron –pese a su vocación selectiva– políticas para atraer la inversión extranjera y posicionar a las empresas exportadoras. Entre estas políticas destacaron la paulatina y progresiva remoción de las restricciones impuestas a la inversión extranjera directa en sectores como las telecomunicaciones, los bancos, las transacciones comerciales al mayoreo y al menudeo, la importación de insumos y la exportación de productos acabados (import/export), entre otros.

En materia de sus relaciones con la economía mundial, la apertura comercial de China fue progresiva, gradual y controlada, incluso hasta muy entrados los años noventa. Con su ingreso en la OMC, abandona su absoluto margen de maniobra en materia de políticas comerciales para la protección selectiva del mercado interno. Pero sobre todo –pese a un impulso de la eficiencia económica que supone dicha apertura comercial–, la economía nacional se expondrá a un mayor riesgo y vulnerabilidad (especialmente el sistema bancario nacional), así como a la necesidad de emprender un más amplio ajuste estructural que implica la reducción de distintas barreras arancelarias.
 

Reflexión Final

Cabe destacar que frente a la apertura irrestricta de las economías latinoamericanas y la aplicación a ultranza del decálogo de política económica contenido en el Consenso de Washington, China apostó por el gradualismo y el fortalecimiento de los márgenes de maniobra en el marco de una estrategia orientada a las exportaciones y a una progresiva inserción en la economía mundial desde 1978.

            Su mayor grado de autonomía en la toma de decisiones y el planteamiento de un proyecto nacionalista expresado en políticas públicas sui generis dotadas de acentuados rasgos desarrollistas, distan de las políticas públicas adoptadas –en el contexto de la crisis de la deuda y del consecuente proceso de ajuste y cambio estructural– por los gobiernos latinoamericanos bajo la implícita premisa de incentivar el fortalecimiento y expansión del capital transnacional y la inversión financiera a través del desmantelamiento del mercado interno y de las limitadas bases de industrialización heredadas del modelo de desarrollo hacia adentro; de tal manera que múltiples países latinoamericanos vieron erosionados sus objetivos de desarrollo y profundizada su dependencia al adoptar políticas públicas sin mínimas bases nacionales y al emprender una inserción desventajosa y subordinada en la economía mundial.

La necesidad de fortalecer el consumo y el mercado interno; procurar una menor dependencia de las exportaciones y de los mercados mundiales; revertir la carencia de eficiencia; la insostenibilidad del crecimiento económico al basarse en las inversiones que se someten a la tendencia a los rendimientos decrecientes; invertir en innovación tecnológica y lograr una mayor eficiencia de los recursos; remontar la débil protección que experimentan los derechos de propiedad; enfrentar las deficiencias en el sistema financiero; reducir las desigualdades sociales y regionales; disminuir el consumo de energía; y detener el deterioro ambiental, son algunos de los múltiples desafíos a encarar por la economía China en el siglo XXI. Sin embargo –y sin ánimo de importar literal y mecánicamente su modelo económico–, varias son sus enseñanzas frente a la intensificación de los procesos de globalización, la permanente erosión del margen de maniobra de las naciones latinoamericanas y la profundización de sus dependencia.

Finalmente, de cara a la incertidumbre que caracteriza a la economía global cabe preguntarse lo siguiente: ¿es sólido el “milagro económico chino” en el largo plazo? ¿Resulta favorable el impacto de las estrategias de desarrollo chinas en el bienestar social de sus habitantes? ¿Será capaz el gobierno chino de conservar su margen de maniobra y autonomía de cara a la integración del país en regímenes internacionales como el de la OMC? ¿Es factible el ascenso de China como potencia hegemónica del sistema mundial en este Siglo XXI?

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